Murió el cantautor mexicano José José a los 71 años
Murió José José a los 71 años. José José, popular cantante y actor mexicano, murió a los 71 años este sábado, confirmó la Secretaría de Cultura de México. Había sido diagnosticado en marzo de 2017 con un cáncer de páncreas.
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Doña Juana tratará lixiviados por ósmosis
El consorcio encargado del relleno instaló la primera de seis unidades con las que cambiará la forma en que limpia los líquidos que generan las basuras. Además, instalarán una planta de separación de material aprovechable, en la que se reciclaría el 10 % de lo que llega allí.
En el relleno sanitario hay almacenados alrededor de 70.000 m³³ de lixiviados, que pondrían en riesgo la estabilidad del terreno. / Cristian Garavito - El Espectador
La operación del relleno sanitario Doña Juana ha estado llena de problemas, por los que el operador CGR (Centro de Gerenciamiento de Residuos) ha sido sancionado en dos ocasiones por el Distrito y la Superintendencia de Servicios Públicos, así como investigado por la Contraloría, la Fiscalía y la Personería.
Esto se debe principalmente al incumplimiento del contrato, el tratamiento de lixiviados (líquidos de la basura), la condición de las vías y el control de vectores (moscas y roedores), por lo que el año pasado un tribunal de arbitramento le impuso una multa de $2.172 millones y, además de lo anterior, le ordenó automatizar el botadero.
Pese a ello, las condiciones han estado a favor de CGR, pues la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) le autorizó un aumento en la tarifa de entre el 14 y el 30 %, al encontrar que el monto que recibía por la operación no era suficiente para cumplir a cabalidad el contrato. Con esto no solo podrían optimizar la operación en el relleno, sino además pensar en la solicitud para ampliar la vida útil de Doña Juana, que tiene licencia ambiental hasta 2023.
Desde eso ya pasó casi un año, en medio del cual la Personería de Bogotá ha lanzado diferentes alertas ante las continuas fallas operativas. En la más reciente, indicaron que persisten las fallas en las máquinas y equipos dentro del relleno, en la capacidad de tratamiento de los lixiviados, residuos hospitalarios y la captación del biogás.
¿Qué está haciendo la CGR?
De acuerdo con Héctor Ospina, gerente general de CGR Doña Juana, en el último año han trabajado en el mantenimiento de los 4,8 kilómetros que tienen que recorrer los carros recolectores desde la avenida Boyacá hasta el frente de disposición asignado. Asimismo, han trabajado en la adecuación de la terraza dos, que tendrá capacidad de disposición hasta finales de este año.
“Por ello iniciamos por medio de otro FCcontratista las obras para disponer de las terrazas tres y cuatro, que tendrán capacidad de disposición hasta el primer trimestre de 2024”, señaló Ospina.
Pero quizás uno de los trabajos más importantes tiene que ver con el trabajo de lixiviados, ya que, según la Personería, la planta que opera actualmente dentro del relleno no tiene la capacidad para tratar todos los líquidos de manera adecuada, por lo que dentro de Doña Juana hay almacenados alrededor 70.000 m³ de lixiviados, que equivalen a 21 piscinas olímpicas y que pondrían en riesgo la estabilidad del terreno.
Recientemente, dentro del relleno entró en operación una unidad de ósmosis inversa. Se trata de un proceso de purificación en el que se elevan los lixiviados a una alta presión para que membranas separen el agua de los contaminantes. Esto permite que luego de realizado el proceso el agua salga cristalina, aunque no potable.
La primera unidad tiene la capacidad de procesar 12.000 m³ de lixiviados y se espera que con la llegada de las otras cinco (llegará una cada seis meses) se puedan tratar 60.000 m³ al mes, con lo que según el consorcio se estarían cumpliendo las normas exigidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con miras a la solicitud de la ampliación de vida útil del relleno.
Además de esto, el consorcio prevé la construcción de una planta de tratamiento de residuos, en la que se espera aprovechar el 10 % de las basuras que llegan al relleno. Esta contará con una banda transportadora que clasificará el material de acuerdo con su tipología. Primero se retirarán los elementos voluminosos como colchones; luego, por medio de un proceso fisicoquímico, se separarán los plásticos de los ordinarios. Estos últimos, que en su mayoría son residuos vegetales y orgánicos, serán aprovechados en compostaje.
“Es una fase piloto en la que el inversionista aportará US$100 millones para la construcción de la primera fase. En la medida en que el proyecto tenga el desarrollo previsto, se podrá escalar y llegar a aprovechar una mayor cantidad”, manifestó Ospina.
Con este proceso, el consorcio espera adquirir recursos adicionales con la convicción de que la ANLA autorice la ampliación de la vida útil del relleno, por lo que se encuentran haciendo estudios de prefactibilidad y factibilidad, teniendo en cuenta que, tras meses de diálogo con el Distrito y la comunidad, no ampliarán el relleno sino buscarán optimizar las zonas actuales con la construcción de un dique que permita subir la cota de los 2.700 a cerca de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Así asegurarían 20 años más de vida útil del relleno, es decir, hasta 2043.
Por ahora solo restará esperar a que la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) le autorice a la CGR el cronograma de cumplimiento de acción, así como deberán ampararse de la decisión que tome el próximo alcalde de la ciudad con respecto a qué hará con el relleno, ya que hasta ahora todos han hablado de la necesidad de buscar otras formas para disponer las basuras.
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Cuando los medicamentos contaminan el medio ambiente
El excesivo consumo humano y veterinario de medicinas ha alertado a varios investigadores por las consecuencias que podría tener en algunos ecosistemas. Muertes de buitres y cambios de comportamientos en especias han sido algunos de los efectos registrados. En Colombia, pocos saben que hay puntos específicos para desechar los fármacos.
235 pacientes de un hospital de Bogotá creían que los medicamentos que no usan se desechan en la basura. / Getty
Lindsay Oaks fue un tipo conocido en el mundo de la microbiología y la veterinaria. Desde que en la década del noventa estuvo vinculado a la Universidad Estatal de Washington, en EE. UU., se ganó la admiración de sus colegas y alumnos. “Era un líder muy respetado y sus estudiantes lo querían mucho. El aula fue el espacio donde sintió que podía contribuir más a su profesión”, fue como lo describió esa universidad en el obituario que publicó cuando falleció en enero de 2011. Con solo 51 años, Oaks había sido diagnosticado de un agresivo tumor neuroendocrino tres meses atrás. (Lea Cigarrillos electrónicos: ¿una cortina de humo de las tabacaleras?)
Entre las investigaciones que hizo hubo una que fue especialmente comentada a principios de este siglo. Había sido publicada en el 2004 en la prestigiosa revista Nature, y exponía un problema que hasta el momento no parecía ser inquietante: los efectos de los residuos farmacéuticos en algunos ecosistemas. Junto a otros 12 colegas, Oaks había demostrado que el diclofenaco, popular analgésico y antiinflamatorio, era el culpable de la disminución de buena parte de la población del buitre de lomo blanco, también llamado buitre dorsiblanco bengalí (Gyps bengalensis). “Los residuos de diclofenaco como causa de la disminución de la población de buitres en Pakistán”, fue como titularon su estudio. (Lea Una hormona no autorizada para bajar de peso)
En términos simples, lo que hizo ese grupo de científicos fue examinar con lupa los motivos por los que desde 1990 la población de esa especie había caído estrepitosamente. Las pistas apuntaban a que las causas de las muertes eran insuficiencia renal y gota visceral, pero nadie había podido explicar las razones de esas enfermedades. Oaks y su equipo intuyó que los motivos podían relacionarse con los cadáveres de ganado, una de las principales fuentes de alimentación de los buitres. Tras analizar muestras y entrevistar a 74 veterinarios y farmacéuticos, habían despejado las dudas: el agente tóxico detrás de la mortandad eran los residuos de diclofenaco, un medicamento muy usado por los granjeros para tratar a sus vacas.
“Es consecuencia ambiental inesperada”, fue la manera como calificó el episodio Oaks, que entonces pertenecía al Departamento de Microbiología y Patología Veterinaria de la U. Estatal de Washington. Además, dijo, la disminución de esta especie, clave para evitar la descomposición de los cadáveres de ganado, podía tener serios efectos en la salud pública. Hoy, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el buitre de lomo blanco está en la categoría de “peligro crítico”, dos "pasos" antes de la extinción.
El artículo que publicó Oaks fue uno de los primeros que proporcionó evidencia sobre una de las consecuencias de los residuos de medicamentos en el ambiente. Diego Quijano, ingeniero ambiental y estudiante del doctorado en Salud Pública de la U. Nacional, suele mostrarlo cuando le piden hablar de una rama de investigación que, pese a ser relativamente nueva, poco a poco se ha ganado un campo entre la ciencia: la ecofarmacogivilancia, una disciplina que trata de entender los efectos adversos de los productos farmacéuticos en el ambiente. En su baraja de ejemplos, Quijano tiene varios con los que intenta explicar la importancia de estudiar más a fondo esa relación. Uno de los primeros es una investigación publicada en 1994 en la revista Chemistry and Ecology que demostró una posible feminización de la trucha arcoíris por los residuos en aguas residuales de etinilestradiol, un popular compuesto de tratamientos anticonceptivos. Otro de sus buenos ejemplos es un estudio de 2006 que demostró que la Ivermectina, un medicamento usado en el ganado para controlar la presencia de nuches, ácaros o piojos, estaba afectando las poblaciones del escarabajo de estiércol y cambiando sus comportamientos.
Como esos, dice Quijano, hay estudios que muestran los efectos que tiene la excesiva medicalización humana o veterinaria en algunas plantas. También hay evidencia de otro problema que cada vez es más inquietante para la salud pública: la resistencia a los antibióticos. Hace solo un par de semanas otro estudio publicado en la revista Aquatic Mammals evidenció que el 88 % de los delfines de la laguna Indian River de Florida, EE. UU. presentaban patógenos resistentes a los antibióticos. Los autores habían recolectado muestras de 171 ejemplares entre 2003 y 2015.
“Es probable que este problema se originara en una fuente donde se usaban antibióticos regularmente”, había explicado al diario inglés The Guardian Adam Schaefer, líder de la investigación.
Como cuenta Quijano, se trata de un inconveniente que tiene varias fuentes. El uso de fármacos en animales, por un lado. El humano, por el otro. En esos caminos hay distintas rutas por las que las medicinas pueden terminar en los ecosistemas: a través de la excreción o de los vertimientos que llegan a aguas residuales por parte de algunas compañías fabricantes o de instituciones con un alto porcentaje de consumo, como los hospitales.
Es difícil saber si en Colombia las consecuencias de ese consumo son notorias. Los análisis que han tratado de evaluarlo son escasos. Uno de ellos fue publicado en Enviromental Science and pollution research international por investigadores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Jaume. Tras examinar la presencia de este tipo de contaminantes emergentes en dos embalses que alimentan de agua potable a Medellín, encontraron, entre otras cosas, que en el 60 % de muestras había rastros de ibuprofeno.
Entre esos caminos por los que los medicamentos suelen llegar a los ecosistemas hay uno inquietante: el desecho de fármacos que pacientes no vuelven a utilizar. Quijano intentó analizar esas prácticas en Colombia, junto a los profesores José G. Orozco Díaz y Esperanza Holguín Hernández, de la U. Javeriana. En 2016 publicaron en la Revista de Salud Pública de U. Nacional sus resultados en un artículo titulado Conocimientos y prácticas de pacientes sobre disposición de medicamentos no consumidos. Aproximación a la ecofarmacovigilancia.
En pocas palabras, luego de realizar una encuesta a 392 pacientes en un hospital de Bogotá, llegaron a la conclusión de que muy pocos sabían lo que debían hacer con las medicinas que no consumían. Más del 60 % creía que esos fármacos que no consumían debían parar en la basura corriente y solo el 5 % creía que las medicinas sobrantes debían entregarse en sitios especializados. Y aunque casi el 90 % pensaba que los medicamentos desechados podían afectar el ambiente, solo el 86 % conocía los Puntos Azules, esos contenedores que hay en algunas droguerías y almacenes para depositar estos artículos.
La conclusión de Quijano, Orozco y Holguín era clara: "Se evidenció un vacío de conocimientos con respecto a la forma de disosición de los medicamentos. Menos del 15 % de la población encuestada conoce los planes posconsumo de medicamentos vencidos, conoce o ha oído hablar de los puntos azules o ha recibido información sobre la disposición de medicamentos sobrantes o vencidos o sus empaques".
La cifra concuerda con los cálculos de Jorge Trujillo, director de la Corporación Punto Azul, la organización que aglutina a varias compañías que trazaron un Programa de Posconsumo de Medicamentos. Hoy reúne a 292 farmacéuticas (el 98 % del mercado) y este año lograron una cifra récord: la recolección de mil toneladas de medicinas. Según él, estas empresas, encabezadas por la ANDI, han invertido a lo largo de siete años unos $20 mil millones para cumplir con el programa de posconsumo de medicamentos que exige Colombia.
Pero pese a que ya han distribuido 1.720 puntos para los pacientes dispongan los fármacos vencidos y sobrantes que luego son llevados a un sofisticado proceso de destrucción y reciclaje, Trujillo es franco con sus expectativas. "Aún falta una larga campaña de pedagogía", dice. “Estamos tratando de hacer ese cálculo con precisión, pero creo que apenas recogemos el 10% de los medicamentos que deberían depositarse en los Puntos Azules. España, por ejemplo, recoge unas 4 mil toneladas anuales; nosotros, 500. Y, sin embargo, esta labor, que depende de la ayuda de todos los ciudadanos, evitó que el año pasado se falsificaran unos 9 millones de medicamentos.”.
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Cuando el lío de las multas no es solo culpa de los conductores
Entre el primero de enero y el 31 de julio de 2019, las infracciones de tránsito más comunes en la capital se dieron por estacionar un vehículo en sitios prohibidos, con un total de 214.871 multas, según la misma secretaría.
Reincidir en partes como ese en menos de medio año hace que se suspenda la licencia de conducción por seis meses.
“Pasamos de 9.648 reincidentes en infracciones al Código de Tránsito en el 2017 a 33.734 en el 2019; y de 1.690 licencias de conducción suspendidas en 2017, se aumentó a 2.495 en 2018”, según cifras oficiales.
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Por la vía al Llano ya podrá circular un nuevo tipo de vehículo
La vehemencia que ha tenido la actual administración con aquellas normas provocó que un grupo de conductores se manifestara en contra, realizara bloqueos en calles importantes y afectara la movilidad de cientos de habitantes los pasados 23, 24 y 25 de septiembre.
“En la medida en que estos conductores cumplan y manejen de una manera adecuada y preventiva, no van a ser objeto de sanciones por parte de la Policía de Tránsito”, fue el mensaje de la Secretaría esos días.
Aunque el gremio en general no se sintió representado por la minoría que salió a paro, a raíz de la situación, diferentes transportadores se reunieron y enviarán este lunes una petición de diálogo al Ministerio de Trabajo sobre las que consideran condiciones injustas para realizar su labor. Francisco Mora, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia, dice que el problema específico del mal parqueo afecta sobre todo “al transporte de entrega de paquetes puerta a puerta y a las camionetas con furgon que reparten mercancías de ‘última milla’, es decir, en los barrios más alejados”.
Mora expresa que estos transportadores se ven a veces obligados a parquear el vehículo en vías prohibidas para entregar los productos a tiempo.
Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional explica que “las vías y horarios para los transportadores de carga son muy incipientes”. Para este profesor de Gestión de las Operaciones y la Producción, los conductores de mercancías “necesitan de vías libres y controladas para que no se sumen al transporte privado y colapse la movilidad, como está la Autopista Norte en estos momentos”.
Para el experto, otras alternativas podrían ser: promover que las industrias se muevan durante el día por fuera de Bogotá, la distribución nocturna de mercancías y la mejora de la malla vial.
Las altas velocidades
Mora, quien trabaja como conductor de bus integrado al sistema de transporte en Bogotá, cuenta que el tiempo que pierden en un trancón, lo tratan de compensar en vías libres con altas velocidades para llegar al destino en el horario exigido.
Esto es captado por cámaras, no solo en las calles sino, según el conductor, por trabajadores de Transmilenio, quienes pasan reporte a las empresas empleadoras y estas multan internamente al trabajador.
Por otro lado, dice que esta administración no ha hecho frente a “la guerra del centavo”, que es cuando dos conductores de la misma ruta se encuentran y luchan entre buses por recoger primero a los pasajeros primero que el otro, pues del número de usuarios depende su remuneración. A esta práctica la llaman “fuchar”.
El transporte informal
A las manifestaciones de la semana pasada se sumaron algunos conductores de transporte informal, carros privados que prestan un “servicio público” de manera ilegal. Este también es un foco de las autoridades.
Según el profesor de la Universidad Nacional, “son un indicador de la deficiencia del transporte público en cuanto a cobertura y frecuencia, y no solamente pasa en Soacha, sino alrededor de muchas estaciones de Transmilenio. A mejor transporte público menos informalidad".
Avances y futuro
“Se ha avanzado en dedicar carriles preferenciales a los buses del SITP (Sistema de Transporte Urbano de Bogotá)”, dice el profesor Rojas y lo valora, sin embargo, según él, esto le ha quitado espacio “al carro privado y por su puesto al transporte de carga”. Por eso reitera la necesidad de vías libres para este tipo de transporte.
Dice que ya hay propuestas en ese camino en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), pero “no se han materializado”.
Rojas y Mora coinciden en que, por el tamaño de los vehículos de los transportadores, el riesgo de accidentes y problemas de movilidad que conllevan es mayor, por eso su responsabilidad también debe ser alta.
Comprenden que la administración no puede levantar las suspensiones a las licencias de conducción, ya que esto sería violar la ley y ninguna autoridad puede sobrepasarla, al contrario, debe hacerla cumplir.
Pase por puntos
Por último, Francisco Mora y otros transportadores apoyan la iniciativa que han planteado desde el Ministerio de Transporte y Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de la ciudad, sobre el pase por puntos.
Es decir, por cada infracción se restaría uno o varios puntos que se da al principio, dependiendo de la gravedad, hasta que se agoten y se les retire la licencia de conducción.
Esto lo manifestarán en las reuniones que esperan tener pronto con el gobierno nacional, pues les parece que hoy “los castigos son desproporcionados”.
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Doña Juana tratará lixiviados por ósmosis
El consorcio encargado del relleno instaló la primera de seis unidades con las que cambiará la forma en que limpia los líquidos que generan las basuras. Además, instalarán una planta de separación de material aprovechable, en la que se reciclaría el 10 % de lo que llega allí.
En el relleno sanitario hay almacenados alrededor de 70.000 m³³ de lixiviados, que pondrían en riesgo la estabilidad del terreno. / Cristian Garavito - El Espectador
La operación del relleno sanitario Doña Juana ha estado llena de problemas, por los que el operador CGR (Centro de Gerenciamiento de Residuos) ha sido sancionado en dos ocasiones por el Distrito y la Superintendencia de Servicios Públicos, así como investigado por la Contraloría, la Fiscalía y la Personería.
Esto se debe principalmente al incumplimiento del contrato, el tratamiento de lixiviados (líquidos de la basura), la condición de las vías y el control de vectores (moscas y roedores), por lo que el año pasado un tribunal de arbitramento le impuso una multa de $2.172 millones y, además de lo anterior, le ordenó automatizar el botadero.
Pese a ello, las condiciones han estado a favor de CGR, pues la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) le autorizó un aumento en la tarifa de entre el 14 y el 30 %, al encontrar que el monto que recibía por la operación no era suficiente para cumplir a cabalidad el contrato. Con esto no solo podrían optimizar la operación en el relleno, sino además pensar en la solicitud para ampliar la vida útil de Doña Juana, que tiene licencia ambiental hasta 2023.
Desde eso ya pasó casi un año, en medio del cual la Personería de Bogotá ha lanzado diferentes alertas ante las continuas fallas operativas. En la más reciente, indicaron que persisten las fallas en las máquinas y equipos dentro del relleno, en la capacidad de tratamiento de los lixiviados, residuos hospitalarios y la captación del biogás.
¿Qué está haciendo la CGR?
De acuerdo con Héctor Ospina, gerente general de CGR Doña Juana, en el último año han trabajado en el mantenimiento de los 4,8 kilómetros que tienen que recorrer los carros recolectores desde la avenida Boyacá hasta el frente de disposición asignado. Asimismo, han trabajado en la adecuación de la terraza dos, que tendrá capacidad de disposición hasta finales de este año.
“Por ello iniciamos por medio de otro FCcontratista las obras para disponer de las terrazas tres y cuatro, que tendrán capacidad de disposición hasta el primer trimestre de 2024”, señaló Ospina.
Pero quizás uno de los trabajos más importantes tiene que ver con el trabajo de lixiviados, ya que, según la Personería, la planta que opera actualmente dentro del relleno no tiene la capacidad para tratar todos los líquidos de manera adecuada, por lo que dentro de Doña Juana hay almacenados alrededor 70.000 m³ de lixiviados, que equivalen a 21 piscinas olímpicas y que pondrían en riesgo la estabilidad del terreno.
Recientemente, dentro del relleno entró en operación una unidad de ósmosis inversa. Se trata de un proceso de purificación en el que se elevan los lixiviados a una alta presión para que membranas separen el agua de los contaminantes. Esto permite que luego de realizado el proceso el agua salga cristalina, aunque no potable.
La primera unidad tiene la capacidad de procesar 12.000 m³ de lixiviados y se espera que con la llegada de las otras cinco (llegará una cada seis meses) se puedan tratar 60.000 m³ al mes, con lo que según el consorcio se estarían cumpliendo las normas exigidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con miras a la solicitud de la ampliación de vida útil del relleno.
Además de esto, el consorcio prevé la construcción de una planta de tratamiento de residuos, en la que se espera aprovechar el 10 % de las basuras que llegan al relleno. Esta contará con una banda transportadora que clasificará el material de acuerdo con su tipología. Primero se retirarán los elementos voluminosos como colchones; luego, por medio de un proceso fisicoquímico, se separarán los plásticos de los ordinarios. Estos últimos, que en su mayoría son residuos vegetales y orgánicos, serán aprovechados en compostaje.
Con este proceso, el consorcio espera adquirir recursos adicionales con la convicción de que la ANLA autorice la ampliación de la vida útil del relleno, por lo que se encuentran haciendo estudios de prefactibilidad y factibilidad, teniendo en cuenta que, tras meses de diálogo con el Distrito y la comunidad, no ampliarán el relleno sino buscarán optimizar las zonas actuales con la construcción de un dique que permita subir la cota de los 2.700 a cerca de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Así asegurarían 20 años más de vida útil del relleno, es decir, hasta 2043.
Por ahora solo restará esperar a que la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) le autorice a la CGR el cronograma de cumplimiento de acción, así como deberán ampararse de la decisión que tome el próximo alcalde de la ciudad con respecto a qué hará con el relleno, ya que hasta ahora todos han hablado de la necesidad de buscar otras formas para disponer las basuras.
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Cuando los medicamentos contaminan el medio ambiente
El excesivo consumo humano y veterinario de medicinas ha alertado a varios investigadores por las consecuencias que podría tener en algunos ecosistemas. Muertes de buitres y cambios de comportamientos en especias han sido algunos de los efectos registrados. En Colombia, pocos saben que hay puntos específicos para desechar los fármacos.
235 pacientes de un hospital de Bogotá creían que los medicamentos que no usan se desechan en la basura. / Getty
Lindsay Oaks fue un tipo conocido en el mundo de la microbiología y la veterinaria. Desde que en la década del noventa estuvo vinculado a la Universidad Estatal de Washington, en EE. UU., se ganó la admiración de sus colegas y alumnos. “Era un líder muy respetado y sus estudiantes lo querían mucho. El aula fue el espacio donde sintió que podía contribuir más a su profesión”, fue como lo describió esa universidad en el obituario que publicó cuando falleció en enero de 2011. Con solo 51 años, Oaks había sido diagnosticado de un agresivo tumor neuroendocrino tres meses atrás. (Lea Cigarrillos electrónicos: ¿una cortina de humo de las tabacaleras?)
Entre las investigaciones que hizo hubo una que fue especialmente comentada a principios de este siglo. Había sido publicada en el 2004 en la prestigiosa revista Nature, y exponía un problema que hasta el momento no parecía ser inquietante: los efectos de los residuos farmacéuticos en algunos ecosistemas. Junto a otros 12 colegas, Oaks había demostrado que el diclofenaco, popular analgésico y antiinflamatorio, era el culpable de la disminución de buena parte de la población del buitre de lomo blanco, también llamado buitre dorsiblanco bengalí (Gyps bengalensis). “Los residuos de diclofenaco como causa de la disminución de la población de buitres en Pakistán”, fue como titularon su estudio. (Lea Una hormona no autorizada para bajar de peso)
En términos simples, lo que hizo ese grupo de científicos fue examinar con lupa los motivos por los que desde 1990 la población de esa especie había caído estrepitosamente. Las pistas apuntaban a que las causas de las muertes eran insuficiencia renal y gota visceral, pero nadie había podido explicar las razones de esas enfermedades. Oaks y su equipo intuyó que los motivos podían relacionarse con los cadáveres de ganado, una de las principales fuentes de alimentación de los buitres. Tras analizar muestras y entrevistar a 74 veterinarios y farmacéuticos, habían despejado las dudas: el agente tóxico detrás de la mortandad eran los residuos de diclofenaco, un medicamento muy usado por los granjeros para tratar a sus vacas.
“Es consecuencia ambiental inesperada”, fue la manera como calificó el episodio Oaks, que entonces pertenecía al Departamento de Microbiología y Patología Veterinaria de la U. Estatal de Washington. Además, dijo, la disminución de esta especie, clave para evitar la descomposición de los cadáveres de ganado, podía tener serios efectos en la salud pública. Hoy, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el buitre de lomo blanco está en la categoría de “peligro crítico”, dos "pasos" antes de la extinción.
El artículo que publicó Oaks fue uno de los primeros que proporcionó evidencia sobre una de las consecuencias de los residuos de medicamentos en el ambiente. Diego Quijano, ingeniero ambiental y estudiante del doctorado en Salud Pública de la U. Nacional, suele mostrarlo cuando le piden hablar de una rama de investigación que, pese a ser relativamente nueva, poco a poco se ha ganado un campo entre la ciencia: la ecofarmacogivilancia, una disciplina que trata de entender los efectos adversos de los productos farmacéuticos en el ambiente. En su baraja de ejemplos, Quijano tiene varios con los que intenta explicar la importancia de estudiar más a fondo esa relación. Uno de los primeros es una investigación publicada en 1994 en la revista Chemistry and Ecology que demostró una posible feminización de la trucha arcoíris por los residuos en aguas residuales de etinilestradiol, un popular compuesto de tratamientos anticonceptivos. Otro de sus buenos ejemplos es un estudio de 2006 que demostró que la Ivermectina, un medicamento usado en el ganado para controlar la presencia de nuches, ácaros o piojos, estaba afectando las poblaciones del escarabajo de estiércol y cambiando sus comportamientos.
Como esos, dice Quijano, hay estudios que muestran los efectos que tiene la excesiva medicalización humana o veterinaria en algunas plantas. También hay evidencia de otro problema que cada vez es más inquietante para la salud pública: la resistencia a los antibióticos. Hace solo un par de semanas otro estudio publicado en la revista Aquatic Mammals evidenció que el 88 % de los delfines de la laguna Indian River de Florida, EE. UU. presentaban patógenos resistentes a los antibióticos. Los autores habían recolectado muestras de 171 ejemplares entre 2003 y 2015.
“Es probable que este problema se originara en una fuente donde se usaban antibióticos regularmente”, había explicado al diario inglés The Guardian Adam Schaefer, líder de la investigación.
Como cuenta Quijano, se trata de un inconveniente que tiene varias fuentes. El uso de fármacos en animales, por un lado. El humano, por el otro. En esos caminos hay distintas rutas por las que las medicinas pueden terminar en los ecosistemas: a través de la excreción o de los vertimientos que llegan a aguas residuales por parte de algunas compañías fabricantes o de instituciones con un alto porcentaje de consumo, como los hospitales.
Es difícil saber si en Colombia las consecuencias de ese consumo son notorias. Los análisis que han tratado de evaluarlo son escasos. Uno de ellos fue publicado en Enviromental Science and pollution research international por investigadores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Jaume. Tras examinar la presencia de este tipo de contaminantes emergentes en dos embalses que alimentan de agua potable a Medellín, encontraron, entre otras cosas, que en el 60 % de muestras había rastros de ibuprofeno.
Entre esos caminos por los que los medicamentos suelen llegar a los ecosistemas hay uno inquietante: el desecho de fármacos que pacientes no vuelven a utilizar. Quijano intentó analizar esas prácticas en Colombia, junto a los profesores José G. Orozco Díaz y Esperanza Holguín Hernández, de la U. Javeriana. En 2016 publicaron en la Revista de Salud Pública de U. Nacional sus resultados en un artículo titulado Conocimientos y prácticas de pacientes sobre disposición de medicamentos no consumidos. Aproximación a la ecofarmacovigilancia.
En pocas palabras, luego de realizar una encuesta a 392 pacientes en un hospital de Bogotá, llegaron a la conclusión de que muy pocos sabían lo que debían hacer con las medicinas que no consumían. Más del 60 % creía que esos fármacos que no consumían debían parar en la basura corriente y solo el 5 % creía que las medicinas sobrantes debían entregarse en sitios especializados. Y aunque casi el 90 % pensaba que los medicamentos desechados podían afectar el ambiente, solo el 86 % conocía los Puntos Azules, esos contenedores que hay en algunas droguerías y almacenes para depositar estos artículos.
La conclusión de Quijano, Orozco y Holguín era clara: "Se evidenció un vacío de conocimientos con respecto a la forma de disosición de los medicamentos. Menos del 15 % de la población encuestada conoce los planes posconsumo de medicamentos vencidos, conoce o ha oído hablar de los puntos azules o ha recibido información sobre la disposición de medicamentos sobrantes o vencidos o sus empaques".
La cifra concuerda con los cálculos de Jorge Trujillo, director de la Corporación Punto Azul, la organización que aglutina a varias compañías que trazaron un Programa de Posconsumo de Medicamentos. Hoy reúne a 292 farmacéuticas (el 98 % del mercado) y este año lograron una cifra récord: la recolección de mil toneladas de medicinas. Según él, estas empresas, encabezadas por la ANDI, han invertido a lo largo de siete años unos $20 mil millones para cumplir con el programa de posconsumo de medicamentos que exige Colombia.
Pero pese a que ya han distribuido 1.720 puntos para los pacientes dispongan los fármacos vencidos y sobrantes que luego son llevados a un sofisticado proceso de destrucción y reciclaje, Trujillo es franco con sus expectativas. "Aún falta una larga campaña de pedagogía", dice. “Estamos tratando de hacer ese cálculo con precisión, pero creo que apenas recogemos el 10% de los medicamentos que deberían depositarse en los Puntos Azules. España, por ejemplo, recoge unas 4 mil toneladas anuales; nosotros, 500. Y, sin embargo, esta labor, que depende de la ayuda de todos los ciudadanos, evitó que el año pasado se falsificaran unos 9 millones de medicamentos.”.
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Cuando el lío de las multas no es solo culpa de los conductores
Entre el primero de enero y el 31 de julio de 2019, las infracciones de tránsito más comunes en la capital se dieron por estacionar un vehículo en sitios prohibidos, con un total de 214.871 multas, según la misma secretaría.
Reincidir en partes como ese en menos de medio año hace que se suspenda la licencia de conducción por seis meses.
“Pasamos de 9.648 reincidentes en infracciones al Código de Tránsito en el 2017 a 33.734 en el 2019; y de 1.690 licencias de conducción suspendidas en 2017, se aumentó a 2.495 en 2018”, según cifras oficiales.
Las lecciones que deja la semana de protestas violentas en Bogotá
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Por la vía al Llano ya podrá circular un nuevo tipo de vehículo
La vehemencia que ha tenido la actual administración con aquellas normas provocó que un grupo de conductores se manifestara en contra, realizara bloqueos en calles importantes y afectara la movilidad de cientos de habitantes los pasados 23, 24 y 25 de septiembre.
“En la medida en que estos conductores cumplan y manejen de una manera adecuada y preventiva, no van a ser objeto de sanciones por parte de la Policía de Tránsito”, fue el mensaje de la Secretaría esos días.
Aunque el gremio en general no se sintió representado por la minoría que salió a paro, a raíz de la situación, diferentes transportadores se reunieron y enviarán este lunes una petición de diálogo al Ministerio de Trabajo sobre las que consideran condiciones injustas para realizar su labor. Francisco Mora, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia, dice que el problema específico del mal parqueo afecta sobre todo “al transporte de entrega de paquetes puerta a puerta y a las camionetas con furgon que reparten mercancías de ‘última milla’, es decir, en los barrios más alejados”.
Mora expresa que estos transportadores se ven a veces obligados a parquear el vehículo en vías prohibidas para entregar los productos a tiempo.
Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional explica que “las vías y horarios para los transportadores de carga son muy incipientes”. Para este profesor de Gestión de las Operaciones y la Producción, los conductores de mercancías “necesitan de vías libres y controladas para que no se sumen al transporte privado y colapse la movilidad, como está la Autopista Norte en estos momentos”.
Para el experto, otras alternativas podrían ser: promover que las industrias se muevan durante el día por fuera de Bogotá, la distribución nocturna de mercancías y la mejora de la malla vial.
Las altas velocidades
Mora, quien trabaja como conductor de bus integrado al sistema de transporte en Bogotá, cuenta que el tiempo que pierden en un trancón, lo tratan de compensar en vías libres con altas velocidades para llegar al destino en el horario exigido.
Esto es captado por cámaras, no solo en las calles sino, según el conductor, por trabajadores de Transmilenio, quienes pasan reporte a las empresas empleadoras y estas multan internamente al trabajador.
Por otro lado, dice que esta administración no ha hecho frente a “la guerra del centavo”, que es cuando dos conductores de la misma ruta se encuentran y luchan entre buses por recoger primero a los pasajeros primero que el otro, pues del número de usuarios depende su remuneración. A esta práctica la llaman “fuchar”.
El transporte informal
A las manifestaciones de la semana pasada se sumaron algunos conductores de transporte informal, carros privados que prestan un “servicio público” de manera ilegal. Este también es un foco de las autoridades.
Según el profesor de la Universidad Nacional, “son un indicador de la deficiencia del transporte público en cuanto a cobertura y frecuencia, y no solamente pasa en Soacha, sino alrededor de muchas estaciones de Transmilenio. A mejor transporte público menos informalidad".
Avances y futuro
“Se ha avanzado en dedicar carriles preferenciales a los buses del SITP (Sistema de Transporte Urbano de Bogotá)”, dice el profesor Rojas y lo valora, sin embargo, según él, esto le ha quitado espacio “al carro privado y por su puesto al transporte de carga”. Por eso reitera la necesidad de vías libres para este tipo de transporte.
Dice que ya hay propuestas en ese camino en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), pero “no se han materializado”.
Rojas y Mora coinciden en que, por el tamaño de los vehículos de los transportadores, el riesgo de accidentes y problemas de movilidad que conllevan es mayor, por eso su responsabilidad también debe ser alta.
Comprenden que la administración no puede levantar las suspensiones a las licencias de conducción, ya que esto sería violar la ley y ninguna autoridad puede sobrepasarla, al contrario, debe hacerla cumplir.
Pase por puntos
Por último, Francisco Mora y otros transportadores apoyan la iniciativa que han planteado desde el Ministerio de Transporte y Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de la ciudad, sobre el pase por puntos.
Es decir, por cada infracción se restaría uno o varios puntos que se da al principio, dependiendo de la gravedad, hasta que se agoten y se les retire la licencia de conducción.
Esto lo manifestarán en las reuniones que esperan tener pronto con el gobierno nacional, pues les parece que hoy “los castigos son desproporcionados”.
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